Voceros de asociaciones de pacientes de las EPS Sanitas y Nueva EPS y representantes de ligas de usuarios y sociedad civil acudieron a la mesa de trabajo convocada para este lunes por el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, en la sede nacional de la entidad de derechos humanos, con el fin esencial de avanzar en los temas relacionados con la intervención a esas entidades promotoras de salud. 

“Una vez conocimos los dos procesos de intervención y el de liquidación voluntaria (EPS Compensar), a finales de la semana anterior, citamos el encuentro para escuchar de primera mano preocupaciones en torno a la precaria prestación del servicio de salud”, indicó el Defensor del Pueblo. 

Durante la reunión los asistentes plantearon las dificultades en la asignación y reprogramación de citas médicas, entrega de medicamentos, continuidad en los tratamientos, entre otras, situaciones, aclararon, que se han presentado antes de las intervenciones hechas por la Superintendencia Nacional de Salud. 

Lea también: PGN pide cuentas a entidades territoriales sobre Ciudad Mallorquín. 

“Ninguna EPS intervenida o en proceso de liquidación voluntaria puede suspender sus servicios de salud. No pueden hacerlo en ninguna parte del territorio nacional. No pueden apostarle a la reprogramación de citas, no es conveniente, y, con mucha más razón, no pueden suspender los tratamientos de las personas que afrontan algún tipo de enfermedad, máxime si padecen enfermedades graves, crónicas o huérfanas”, enfatizó Camargo Assis.  

Así mismo indicó que “el llamado que le hemos hecho a la ciudadanía, frente al proceso de intervención anunciado, es a la calma, y por supuesto a la responsabilidad de los diferentes actores del sistema. Vamos a hacerle un seguimiento permanente a todas las situaciones, tanto del comportamiento de las tutelas como de las PQRS de los diferentes usuarios, para tener una radiografía clara de la prestación del servicio”.

El próximo miércoles, la Defensoría sostendrá una reunión con el equipo interventor de la EPS Sanitas para verificar que los servicios que presta esa entidad sigan siendo garantizados.